La Fiscalía General de la República (FGR) logró la imputación en contra del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por su presunta responsabilidad en delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada vinculados al Caso Ayotzinapa. Un juez determinó que el exmandatario permanecerá en prisión preventiva, mientras su defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su vinculación a proceso.
De acuerdo con las investigaciones desarrolladas en conjunto con la Comisión para la Verdad (COVAJ), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se identificó una línea de investigación que señala a Aguirre por la sustracción y ocultamiento de pruebas clave. En concreto, la fiscalía sostiene que el exgobernador ordenó personalmente esconder las grabaciones en video de uno de los autobuses donde se trasladaban los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Ernestina Godoy, titular de la FGR, detalló que esta acción no respondió a una omisión técnica, sino a un operativo doloso orquestado desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal. La línea de imputación se consolidó tras la declaración otorgada en enero de 2026 por un testigo colaborador, quien confirmó la existencia de las videograbaciones y detalló la forma en que fueron entregadas de manera directa a Ángel Aguirre.
